Tal y como lo dijimos en 2016, estamos seguros que no existe un solo colombiano que no quiera la paz en Colombia. Todos la queremos y ansiamos. Sin embargo, estar de acuerdo con que el Estado recupere el orden, la autoridad y el imperio de la ley, no nos hace guerristas como lo quieren hacer ver por ahí. Después de la cruda e irrefutable realidad con la que nos enfrentamos esta semana con el rearme de Márquez y su bandola, debemos analizar lo pactado y encontrar herramientas para otorgarle todas las garantías a quienes han cumplido y atacar con toda la fuerza de la ley a los que no. No existe otro camino con los que deciden estar al margen de la ley. Honestamente no se me ocurre otra opción diferente frente a los que insisten en el narcoterrorismo como instrumento para poner en jaque al país. Deben ser combatidos con todo el uso de la fuerza del Estado.

Para ello es necesario hacer algunas reformas, la primera de ellas debe ser eliminar la condición de delito político al narcotráfico, lo cual ha demostrado ser un craso error. Sino, no estaríamos en estas. O alguien duda de que es el combustible de la violencia y la fuente de ingresos para armarse y sostener su empresa criminal.

No nos dejemos echar el cuento que el rearme de las FARC se da por la no implementación de los acuerdos. Si se revisan las cifras el Gobierno Duque, se han adelantado los programas con responsabilidad y eficiencia, priorizando la reincorporación de la base, el acceso a los proyectos productivos y dirigiendo importante parte del presupuesto nacional a los programas focalizados en las víctimas.

No nos llamemos a engaños, la realidad del rearme no es nada distinto a la refundación de un cartel del narcotráfico sin ningún tipo de ideal político ni respeto por sus víctimas.

La segunda reforma sería la de fortalecer la justicia. No podemos permitir que los beneficios del acuerdo se mantengan a quienes han fallado a los requerimientos de las cortes, incumpliéndole a las víctimas y engañando al Estado. Tampoco se pueden beneficiar quienes continúan delinquiendo. Creo que es algo apenas lógico. Pero qué difícil ha sido que lo entiendan algunos. Es importante que sobre quienes no se presenten ante la justicia o sigan actuando al margen de la ley, les pese una orden de captura automática y caiga todo el peso de la ley. La realidad es que los cabecillas y las bases de la guerrilla que siguen vinculados al proceso deben mostrar su voluntad de continuar adelante.

Por último, por qué no permitir la extradición de aquellos que siguen traqueteando y han sido pedidos por un país signatario de este tipo de acuerdo. Si eso hubiese pasado, Santrich estaría aprendiendo ingles y no armándonos una nueva banda criminal traqueta. Y si la justicia hubiese sido oportuna y se hubiera dilatado tanto el proceso y las declaraciones de Marlon Marín, quizás, quizás quizás… hasta Marquez sería su vecino de celda.

Los colombianos evidenciamos las consecuencias de un acuerdo, que hoy nos muestra con evidencias claras, que fue permisivo y dejó impunes hasta ahora, a unos criminales que quieren continuar con el narcoterrorismo. Queda también en evidencia el mal ejemplo de la oportunidad en la aplicación de la justicia. Los colombianos debemos Pararle-Bolas a esta grave situación y unirnos para rodear al Estado y entregarle las herramientas necesarias para luchar contra el narcotráfico y para fortalecer a la justicia. Es un imperativo proteger nuestras instituciones, la autoridad y la tranquilidad, para que así se nos permitan construir una paz con legalidad.