Hace varias semanas hemos venido siendo testigos de la realización de diferentes marchas a lo largo y ancho del país. Gran parte de ellas impulsadas por líderes políticos oportunistas, incendiarios e irresponsables que parecen más agitadores sociales que canalizadores de reclamos y voceros en búsqueda de generar soluciones. Lo cierto es que hemos visto ciudadanos volcados a las calles protestando por la educación gratuita, profesores marchando con exigencias para su labor y para la universidad pública, ciudadanos en contra del IVA a la canasta familiar, entre otros temas.  A pesar de los diferentes asuntos que los llevan a manifestarse, todas las movilizaciones tienen algo en común… Han terminado en disturbios, con afectaciones sobre bienes públicos y lo peor, con ataques e irrespetos contra la ciudadanía y la fuerza pública.

Siempre he sido respetuoso del derecho a la protesta, pero condenamos, repudiamos y rechazamos las vías de hecho, la violencia y los actos vandálicos. Nuestra Constitución Política en su articulo 31 garantiza el derecho a la protesta y reza: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y PACÍFICAMENTE. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Lastimosamente en las últimas semanas e incluso en los últimos meses, hemos visto imágenes terribles, que no tienen ninguna justificación y que son actos criminales. De pacíficas no tienen nada.

Recordemos por ejemplo la imagen de los 3 policías atacados en frente de un importante medio de comunicación, los cuales fueron impactados con piedras y posteriormente con bombas incendiarias. Un acto cruel, miserable y criminal. En español, eso fue un intento de homicidio, nada más, ni nada menos.

Lo cierto es que esta no fue la única imagen de disturbios que han dejado las últimas jornadas de protestas. En Popayán vimos como un grupo de manifestantes arremetieron con piedras en contra del ESMAD; en Medellín evidenciamos disturbios que dejaron hasta 6 personas heridas; en Bucaramanga y en Cali se repitieron las imágenes durante varios días. En Bogotá el pasado jueves dejó un saldo de 12 policías heridos, una cifra escalofriante, para lo que supuestamente es una marcha pacífica.

Los actos de violencia no se han dado únicamente contra las autoridades, los diferentes sistemas de transporte masivo son constantemente atacados durante las marchas, ocasionando grandes problemas de movilidad y un golpe al patrimonio público. Los edificios históricos, de gobierno y distintas empresas, terminaron llenos de grafitis, con mensajes intimidantes y que no se pueden describir como nada diferente a vandalismo.

La discusión pública la están trasladando a la calle, lo cual hace parte de las reglas de juego en una democracia. A lo que tenemos que Pararle-Bolas, es a la intención premeditada por los radicales políticos irresponsables, que con la vías de hecho, el vandalismo y la violencia, están buscando incendiar y desestabilizar el país.

Esto no lo podemos permitir; es un imperativo recuperar el orden, la autoridad y el imperio de la ley. Debemos como sociedad rodear al Estado, a la Policía y al ESMAD. Ellos no son los malos de la película, como nos los quieren hacer ver. Debemos revestirlos de la autoridad para actuar y defender a la ciudadanía y dispersar las protestas cuando estas se tornan violentas. Nos preocupa la imposibilidad de la fuerza pública para actuar cuando esta es atacada, aun en momentos que se pone en peligro su vida. Le rogamos a la Fiscalía darle celeridad para juzgar a los criminales que atenten contra la ciudadanía, los bienes públicos y la autoridad. El Estado debe mostrar su capacidad de reacción ante la violencia.

No podemos permitir que este fenómeno de protesta violenta coja vuelo. No podemos dejar que unos pocos vándalos y criminales pretendan incendiar el país y desestabilizarlo, con la excusa de implantar unas reformas. No podemos admitir, que los reclamos de cambio y transformación social se vuelvan violentos y destruyan el debate y las ideas.