Diecinueve días cumple el país en paro, lo que empezó como una jornada de protestas que debieron ser pacíficas, se ha convertido en una pesadilla para la mayoría de los colombianos, y especialmente para Cali y el Valle del Cauca.

Los protestantes pacíficos parecen poco a poco haber sido reemplazados por grupos que buscan atentar sistemáticamente contra la institucionalidad, en esa medida hemos visto como se ha vandalizado el transporte público, oficinas gubernamentales, locales comerciales de pequeños empresarios, se han organizado saqueos y se han bloqueado ciudades enteras, incluso en los últimos días se han incendiado alcaldías municipales.

Negar que hay un inconformismo en la ciudad y en nuestra región, a causa de la pobreza y el desempleo creciente sería absurdo, sin embargo, es imperativo decir que estas acciones criminales que hemos visto no son una acción de protesta, por el contrario, parece ser un plan organizado por algunos incendiarios, que han usado la indignación para fomentar y tratar de legitimar acciones violentas contra el Estado. 

Con los inconformes y protestantes pacíficos se deben mantener los diálogos, pero con encapuchados y violentos debemos proceder con autoridad.

Los bloqueos infames y criminales, que han dejado nuestra región y al país desabastecido, con pocos alimentos (a precios impagables), sin insumos médicos que ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos, sin combustible; dejan, además, un saldo que pocos están evidenciando, una inmensa crisis en el sector empresarial que pone en riesgo el empleo y el sustento de miles de familias. Por ejemplo, en Cali el 11% de las microempresas consideran su cierre, mientras el 86% de los trabajadores no ha podido asistir a sus trabajos impidiendo la producción de bienes y servicios en miles de empresas. En el campo los insumos para el agro no llegan y el alimento para las granjas avícolas y porcícolas lleva sin aparecer por casi 3 semanas. Ya conocemos comunicados de sectores que anuncian cierres.

Ante el desolador panorama que vive el país y nuestra ciudad, el pasado domingo tomé una decisión que incomodó a algunos, pero que responde a un deber moral con aquellos que confiaron en mí, y con la razón por la que me metí al servicio público: pararme del lado de la ciudadanía. Seguiré haciendo un llamado a retomar la AUTORIDAD y evidenciando la permisividad de la administración municipal que favoreció para que nuestra región fuera completamente sitiada.

El lunes en la madrugada el Presidente Iván Duque llegó a Cali, y lo hizo de nuevo el martes, un acto que permitió avanzar en el control de la seguridad. No obstante, estas acciones se deben extender al Valle del Cauca, Popayán y Nariño, nuevos focos de violencia. Es imperativo desarrollar este trabajo de retomar el control y garantizar los derechos de más de 6.5 millones de habitantes del suroccidente colombiano, que sufren las consecuencias de una región sin libertad.

A Cali, al Valle, al Cauca y a Nariño debemos “Pararle-Bolas” todos, y por eso no podemos esperar más para exigir todos de manera unísona el levantamiento total de los bloqueos, ¡no más permisividad con quienes han sitiado la región!Todas las autoridades también deben rechazar estas vías de hecho. No más soluciones parciales y ajustadas a las exigencias de unos pocos, debemos sacar adelante una agenda que nos devuelva la libertad por completo, mientras caminamos en la construcción de soluciones sociales sostenibles que permitan apoyar a los más vulnerables.