La estrategia de debilitar sistemáticamente la institucionalidad colombiana, ha sido uno de los caminos escogidos por los opositores para lograr sus objetivos políticos. Su interés es generar caos, desorden y desconfianza para deslegitimar al Estado. La protesta social inicia pacifica y en cuestión de horas recurre a las vías de hechos, se transforma en violencia y en muchos casos deriva en actos criminales. A los policías y militares no se les respeta. Todos recordamos la imagen del indígena poniéndole el machete en el cuello a nuestro soldado y con frecuencia vemos videos en redes en donde algunos ciudadanos le cascan a nuestros policías. Son golpes que recibe nuestra institucionalidad y son constantes. La seguidilla ha sido intensa. El Estado de derecho colombiano resiste, aunque pretendan poner contra las cuerdas y hasta noquearlo.

Las otras dos vías para a las que recurre la oposición para crecer y afianzarse políticamente, han sido mucho mas silenciosas, pero lamentablemente más efectivas. Con ellas nos ha pasado algo como con la rana, que entra a la olla y lentamente le van subiendo a la temperatura del agua. Ella se va paulatinamente adaptando al calor y nunca se da cuenta que debería saltar y huir. Lo cierto es que la estaban cocinando a fuego lento. Lo mismo nos puede estar pasando en el país con la educación y la justicia. No podemos generalizar, puesto que a Dios gracias no todos los educadores y no todos los jueces se han prestado para ello, pero lo que sí es cierto es que de manera sistemática y durante varias décadas, la izquierda ha logrado incorporar educadores y jueces a su plataforma política. Hoy es innegable el hecho de que la educación se ha venido engrosando de profesores que educan a las nuevas generaciones con una clara inclinación ideológica. No podemos negar lo que se evidencia desde los primeros años y en la educación superior. En el entre tanto, un número de padres de familia medio impávidos, al igual que la rana, no nos damos cuenta que existe la posibilidad que nos quieran servir en la mesa como parte del menú. Lo mismo ha pasado con la justicia, pues con el paso de los años, fue infiltrada en muchos casos, por funcionarios y jueces con una evidente carga ideológica que, con mucho dolor hay que reconocer, la ha terminado politizando.

No nos vayamos muy lejos y analicemos los hechos recientes si queremos hablar de justicia. Desde que se creó e implementó la Justicia especial para la paz, criticamos dos cosas. Una que se iba a convertir en una justicia para la impunidad. Segundo, que los magistrados que habían nombrado tenían un claro sesgo ideológico. Y preciso…

El fallo de esta semana no es solo una afrenta que quería enviar contra las cuerdas al Estado de derecho y toda la confianza en las instituciones; quería enviarlos a la lona. Las pruebas contra Santrich eran claras y el hecho punible cometido no daba margen a dudas e interpretaciones. El hecho había ocurrido después de la firma del acuerdo. Los colombianos aún no entendemos qué pasó. La gran mayoría estamos indignados. Lo cierto es que, si teníamos dudas sobre si existía o un sesgo ideológico en la JEP, la cosa quedó bastante clara.

No podemos negar que afortunadamente nos pegó en el palo y casi nos meten un gol. Justo antes de que cayera a la lona la institucionalidad, el narcoterrorista fue recapturado, protegiendo así la estabilidad democrática de Colombia, recobrando la confianza en las instituciones y dándonos un nuevo aliento, para dar la lucha contra quiénes sueñan ver al Estado arrodillado ante la impunidad y la criminalidad. Esta bocanada de oxígeno que le fue inyectada al la legitimidad de las instituciones, debe ser interpretada de manera correcta por todos e impulsarnos a pararnos firmes, demostrando que nuestro país y su estabilidad no serán objeto de burla, ni cederá ante las pretensiones de quienes quieren ver arder las columnas de nuestra democracia.

Las crisis deben ser convertidas en oportunidades y esta, nos abre el camino para iniciar una profunda discusión sobre la necesidad de la reforma a la justicia. Una no politizada, oportuna, efectiva e imparcial. Nuestra sociedad pide a gritos una reforma integral de este poder, donde veamos acciones ejemplarizantes, sin lugar a la impunidad, donde el que la haga pague por sus delitos y sobre todo, donde prime el respeto al orden y a la autoridad. Seguramente esta propuesta de reforma a la justicia encontrará opositores y buscará ser tergiversada por algunos sectores, pero les recuerdo que Colombia es una democracia representativa, la cual ha votado constantemente por una línea de autoridad, de mano firme y de acciones claras en contra de la impunidad.

Hoy aún no tenemos claro cuál es el mejor camino para reformar la justicia, pero la propuesta debe ser construida en consenso con diferentes actores, revisando con calma la mejor opción para tener un mayor impacto. De lo que no tengo duda, es de que Colombia a través de su ciudadanía exige a gritos una reforma integral a la justicia y esto lo ha demostrado no solo en las urnas sino en sus manifestaciones diarias. Su clamor generalizado es que le Paremos-Bolas a la justicia. !Llegó la hora!