¡Colombianos, despertemos! Nos quieren meter gato por liebre. La consulta popular que el gobierno presenta como un ejercicio democrático no es más que una estrategia para imponer reformas que el Congreso ya rechazó. No se trata de darle voz al pueblo, sino de usarlo como herramienta para evitar el debate legislativo y forzar un resultado que de otra manera no conseguirían. No nos dejemos engañar.

El Congreso existe para debatir y aprobar leyes, no para que estas se impongan por medio de preguntas manipuladas. La Constitución del 91 es clara: las reformas deben pasar por el Legislativo, no por una consulta diseñada para polarizar y presionar a la opinión pública. No se puede reducir un tema tan complejo como la reforma laboral o la de salud a un simple “sí” o “no”. Las normas que afectan el futuro del país no pueden ser decididas a punta de populismo.

Y si el objetivo de esta consulta fuera mejorar la vida de los colombianos, entonces hablemos de sus efectos reales. La reforma laboral que el gobierno quiere imponer haría tan costoso contratar empleados que miles de colombianos perderían su trabajo. Menos empleo, menos oportunidades, menos crecimiento. Empresas pequeñas y medianas, las que más generan trabajo en el país, serían las más afectadas. Y al final, quienes pagarían el precio serían los trabajadores.

La reforma de salud tampoco se queda atrás. Nos prometen que el sistema mejorará, pero la realidad es que lo destruirán. Un sistema estatizado, con más burocracia y menos eficiencia, es una receta para el colapso. Menos medicamentos, menos citas, menos atención. ¿Queremos repetir la historia de otros países donde la salud pública quedó en ruinas por decisiones apresuradas y mal diseñadas?

Además, ¿qué mensaje se envía a la economía? La incertidumbre que genera esta consulta hará que la inversión se desplome. Empresas que hoy dudan en expandirse o contratar nuevos empleados preferirán esperar o marcharse. Y si la economía está mal ahora, imaginen lo que pasará si estas reformas se aprueban de manera improvisada.

Pero hay algo aún más grave: esta consulta no es sobre el pueblo… es sobre el poder. Es un intento del gobierno por victimizarse y radicalizar la discusión, dividiendo aún más al país. No es un mecanismo democrático, es una estrategia política. Y si caemos en esa trampa, estaremos validando un modelo de gobierno que desprecia el debate y las instituciones para imponer su voluntad a toda costa.

Colombia es un país de instituciones, de leyes, de diálogo. No podemos permitir que se debilite nuestro sistema democrático. Las soluciones deben unir, no dividir. Esta consulta no es la opción. No es el camino. El país merece soluciones reales, no atajos peligrosos.