El Estado colombiano enfrenta una encrucijada en cuya solución debe primar el corazón grande con los más afectados por la situación de la pandemia. Para nadie es un secreto los altos costos que ha dejado al mundo el parón de la economía ocasionado por el COVID-19. En Colombia, los efectos más preocupantes se ven en términos sociales, la desaceleración de la economía ha producido un retroceso social, que ha dejado un nuevo grupo de vulnerables.

Es claro, que el país necesita recursos para continuar con la inversión social que ha logrado mitigar el impacto económico en nuestros ciudadanos, sin duda alguna el país debe revisar fuentes alternativas para financiar el programa de ingreso solidario y convertirlo en una medida permanente, en ampliar el número de colombianos que reciben la devolución del IVA, así como otros programas que hoy son modelo internacional. Pero la búsqueda por estos recursos no puede llevarnos a condenar otro grupo de ciudadanos que enfrentan una terrible situación, la clase media y la clase media vulnerable. 

La clase media de nuestro país ha sido por años el jamón y el queso del sándwich, en su mayoría esta por fuera de los programas de ayuda estatal, que tanto apoyan el desarrollo social, pero también se encuentran fuera de las exenciones que apoyan el desarrollo económico. Y frente a la pandemia esto no ha cambiado, han tenido que sufrir el embate de la pandemia, ocasionando grandes dificultades, reducción de ingresos, inestabilidad laboral, incertidumbre, falta de crédito, entre otros factores. 

Por muchos años la clase media ha puesto el pecho a la brisa en momentos de dificultad, asumiendo altas cargas tributarias que sin lugar a duda han permitido el desarrollo de nuestro país. Hoy, en un momento de incertidumbre y donde los datos indican una reducción de nuestra clase media, donde lamentablemente muchos caen en vulnerabilidad e incluso en pobreza, debemos encontrar la manera de protegerlos, de devolver un poco de todo lo que la clase media ha aportado a Colombia. 

El déficit de más de 25 billones que arrastra nuestra nación es una realidad que debemos enfrentar con responsabilidad y argumentos técnicos, pero no se puede convertir únicamente en un ejercicio de sumas y restas que permitan “llenar el hueco”. Este debate también debe estar lleno de corazón grande y empatía con aquellos que aun sin estar en la pobreza, en la actualidad atraviesan tal vez el momento de mayor incertidumbre en sus vidas. 

Por esta razón creo que es necesario, cómo ya lo manifestamos en el comunicado del Centro Democrático, revisar alternativas a algunas propuestas que fueron consignadas en la ley de solidaridad sostenible, sobre todo aquellos que impactan a nuestra clase media. El IVA a los servicios públicos, los impuestos a la pensión, los montos de renta en personas naturales, entre algunos puntos. 

Con la ley de solidaridad fiscal del país nos jugamos no solamente la sostenibilidad fiscal colombiana, también nos ponemos en juego la estabilidad democrática colombiana. Parémosle-Bolas a nuestra clase media, a nuestros nuevos vulnerables y busquemos medidas alternativas que reduzcan el impacto sobre este sector de la sociedad.

Prorroga: Es importante que insistamos en un mayor programa de ahorro estatal, la austeridad debe ser protagonista en cualquier iniciativa que busque recaudar fondos para los programas sociales y la reducción del déficit. Podemos ser más ambiciosos.