Esta semana marcó el final de mi primera legislatura como senador de la república. Un año en el que conocí de primera mano, la alta polarización política, el agravio personal y no pocas discusiones fútiles que nos arrastraron a lugares comunes. Lo cierto es que uno se sorprende, porque en gran medida, los debates que trascienden en el recinto máximo de la democracia colombiana, no se caracterizan por la profundidad académica o la sana confrontación, ideológica y política, que es en el fondo lo que nos define como portavoces de la ciudadanía.

Me inquieta mucho la ausencia de criterio técnico en algunas de las discusiones que se dan en el Congreso, pero más que esto, me llama mucho la atención la ausencia de criterios y posturas claras de los partidos acerca de la visión de sociedad en la que creen y con la que buscan interpretar a diversos sectores de la opinión.

Hoy en día la dinámica de las redes sociales, y en general la ciudadanía que participa en la conversación digital, contribuye poco a elevar el nivel del debate. Todo argumento debe estar resumido en los 280 caracteres de un trino y los videos no deben exceder un minuto. Por tanta inmediatez hemos perdido profundidad de discusión y análisis.

Es por ello que me parece no solo pertinente sino responsable, contarles en qué creo y qué es lo que he defendido en este año en el Congreso. Son los principios y convicciones que me mueven y los que seguiré reivindicando en el futuro.

Desde que estaba en la ANDI, y con mayor razón desde el 20 de julio del año pasado, he visto la imperante necesidad de ser un puente de comunicación entre el sector gremial y el sectror público, de una manera más técnica, libre de intereses populistas o de corruptela. Para hacerlo, he tomado la decisión de defender solo aquello con lo que me sienta plenamente identificado. Por ello he defendido a capa y espada la empresa privada y a sus colaboradores de los embates mezquinos del populismo de izquierda que busca sistemáticamente debilitarla y arruinarla.

Quienes me conocen saben que considero que todo en la vida parte de Dios, pero en lo terrenal, la base del orden moral e institucional, esto es, su núcleo más básico, es la familia. La familia está en crisis y debemos recuperarla como institución encargada de brindar esa primera formación en valores y donde puedan legítimamente crecer y prosperar hombres y mujeres, niños y niñas sin miedo al maltrato físico o psicológico. Defender la familia debe ser una bandera que pueda ser ondeada por todos los líderes de todas las colectividades.

Creo en la libertades, más no en el libertinaje. Los derechos del libre desarrollo de la personalidad de un individuo llegan hasta donde inician los del otro. Los derechos de los niños y por ende de la familia, son prevalentes. El bien común prima sobre el individual. Los principios, los valores y las buenas costumbres son parte del orden social que debemos respetar y defender. Son parte de nuestra esencia y constituyen esa sabiduría acumulada que nos define como nación.

El Estado debe ser pequeño y austero, y servir de árbitro de la sociedad, en lugar de ser ese monstruo enorme y asistencialista que sustituye la libertad ciudadana y suprime los deberes particulares de las personas. El Estado es para mi un punto de encuentro de todas las acciones y pensamientos políticos, pero no puede convertirse en un padre todo poderoso en quien debamos pedir refugio hasta el punto de sobrecargarlo y debilitarlo.

Ese Estado austero genera desarrollo, no por él mismo, sino gracias a su impulsor principal: la empresa privada, quien a su vez es el caballo que tira del carro, el motor social y económico de un país. Requiere esa empresa normas que sustraigan la excesiva tributación y trámites, elevar los niveles de competitividad y productividad y buscar la forma de generar mecanismos de flexibilización laboral que sirvan tanto al empresario cómo al colaborador, para que este a su vez pueda tener mejores ingresos.

Luego, el marco que debe tener el crecimiento social y económico de un país debe ir alineado con un profundo apego a la legalidad. Una sociedad que acepta a los corruptos, narcos, avala la impunidad o cuando simplemente el ciudadano de a pie cree que no debe cumplir las normas, no puede prosperar. Colombia debe recobrar el orden social, la cultura de la legalidad y el cumplimiento de la ley. Para esto necesitamos no solo mayor presencia de la fuerza pública sino su uso riguroso pero siempre legítimo, así como también de una reforma a la justicia que arranque por abajo: una justicia más cercana, rápida, técnica y no politizada para todos los colombianos.

En conclusión, debemos Pararle-Bolas más a las tesis de todos lo congresistas que a sus trinos o videos. Es ahí donde verdaderamente se enriquece la discusión política. No pretendo que mis ideas sean del agrado de todos, pero son las máximas que me definen y es por ellas que continuaré representando a mis electores, defendiendo firmemente en lo que creo.