Hace algunas semanas, exactamente el 8 de septiembre, se publicó “¿Quién Mató a Álvaro Gómez?” una columna de mi autoría (https://occidente.co/opinion/columnistas/quien-mato-a-alvaro-gomez/) en la que exigía la verdad sobre este crimen de lesa humanidad que tanto daño le  hizo a la democracia colombiana.

Hoy, a pesar de la carta emitida por las FARC donde se atribuyen el crimen del líder conservador, vale la pena preguntarnos de nuevo ¿quien asesinó a Álvaro Gómez y porqué lo hicieron?

La confesión tardía por parte del grupo narcoterrorista ha sido rechazada por la familia de Gómez Hurtado, quienes han afirmado que se trata de una estratagema infame para lavarle la cara a algunos líderes políticos, trasladando la culpabilidad a un grupo que tiene garantizada su impunidad en la JEP.

Durante años la familia Gómez ha recopilado pruebas que comprobarían la participación en el crimen del gobierno de la época y de importantes figuras de la política nacional. Esta hipótesis ha sido respaldada por testimonios como el del narcotraficante Luis Hernando Gómez “Rasguño” y otros como el de Mary Luz Cuadros reseñado en el libro “El Narcofiscal” del periodista Manuel Vicente Peña.

La carta de las FARC no resulta convincente ni sólida para probar su participación en el homicidio. ¿Dónde están las pruebas que sustenten la veracidad de esa versión? Personalmente estoy convencido que la palabra de estos criminales no puede ser argumento suficiente para invalidar las demás investigaciones. Por el contrario, la Fiscalía debe acelerar el proceso e indagar a fondo, dando prioridad al acervo probatorio que nos permita establecer la verdad plena sobre este crimen, una verdad que necesita el país y merece la memoria de uno de los líderes más notables en la historia del siglo XX en Colombia.

Por otro lado, la ex senadora Piedad Córdoba ha afirmado conocer información sobre la autoría del crimen, todo parece apuntar a que su versión también señalaría a las FARC. Vale la pena preguntarse, ¿hace cuanto tiene conocimiento de esta versión? ¿Como servidora pública no estaba en la obligación de haber contado la verdad ante las autoridades? ¿Tenía algún interés en encubrir el crimen?

25 años después del magnicidio la impunidad sigue reinando y parece abrirse un nuevo camino para mantener el protagonismo. Como en la peor de las pesadillas del fallecido líder conservador, el “régimen”, que tanto denunció, parece haber encontrado una nueva ventana de escape.

Aún queda mucha tela por cortar para esclarecer el caso y determinar la verdad judicial sobre el magnicidio. Lo que si es cierto es que como ciudadanos estanos llamados a hacer control y a exigir que no se abandonen las versiones de las víctimas. Pedimos celeridad a las autoridades en la resolución de este caso. Debemos insistir y preguntar una y otra vez, sin tragar entero: ¿quién mató a Álvaro Gómez y por qué acallaron su voz y la fuerza de sus ideas?