Para nadie es un secreto que el mayor riesgo de violencia asociada a la actividad política en Colombia se da en las elecciones locales. Por eso, aunque es cierto que las elecciones de 2018 fueron las menos violentas en la historia de Colombia, cantar victoria fue algo prematuro. El verdadero reto para el Estado estaba en “mapear” cual era el panorama de violencia que emergía en las regiones tras la firma del Acuerdo de la Habana, y cuales podrían ser las consecuencia de una retoma del territorio por dicidencias y otros actores, así como el resurgimiento de la violencia como consecuencia de la impunidad de quienes decidieron seguir en la ilegalidad, creando nuevas empresas crimínales y mafiosas .

Hoy el panorama es preocupante: 402 municipios en Colombia se encuentran en riesgo electoral por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo u otros. Todos tienen un factor común: su estrecho vínculo con el narcotráfico. Lo cierto es que desde el 27 de Julio, día en el que se inició oficialmente la contienda electoral, han asesinado 6 candidatos y amenazado más de una veintena. Las víctimas vestían distintos colores políticos, 2 pertenecían al Centro Democrático, 2 a Cambio Radical, 1 del Partido Liberal y 1 del MAIS. Esto demuestra que la persecución no es ideológica como algunos han querido mostrar.

La realidad es que la violencia y amenazas se están dando contra aquellos que denuncian fenómenos como el narcotráfico y economías ilegales paralelas al tráfico de drogas, minería ilegal, contrabando, extorsiones, etc. Es decir, contra quienes en un acto de valentía y de construcción de patria, han sido capaces de alzar su voz y plantarle cara a los bandidos.

Como lo he venido denunciando, la declaración del narcotráfico como un delito conexo al político, la falta de herramientas del Estado para combatir de manera contundente los cultivos ilícitos y el microtráfico, el mal ejemplo de la impunidad fortalecido con decisiones judiciales equivocadas, abrieron un camino para el fortalecimiento del negocio del narcotráfico, aumentando su flujo de caja y así mismo su capacidad de incidir en la política regional y actuar sin miedo contra quienes buscan enfrentarse a su capacidad delictiva.

Lo cierto es que la situación de seguridad de los candidatos en muchos municipios es más que preocupante y la capacidad de que los grupos armados ilegales incidan en la elección de gobernantes locales nos hace prender todas las alarmas. Por eso quiero repetir aquello que escribía hace algunos días: hasta que los colombianos no nos unamos un en pacto nacional en contra del narcotráfico, donde le entreguemos al Estado todas las herramientas para atacar de manera frontal el mayor cáncer que tenemos como nación, no será posible la construcción de una “paz estable y duradera”. Mientras permitamos que los traquetos se hagan pasar por líderes políticos, nuestra sociedad está condenada a la violencia. Ni hablar de la injerencia de carteles mexicanos en la violencia del país.

Hoy quiero hacer un llamado a la unión en la lucha contra la violencia y contra su principal combustible: el narcotráfico. Parémosle-Bolas a esta situación. El narcotráfico y sus aliados solo buscan debilitar la institucionalidad, mantener la corrupción en alcaldías locales y evitar la llegada de agentes de cambio a algunas regiones del país. Que sepan los violentos que no nos vamos a rendir. Vamos a defender las instituciones con todo el valor civil.

Prórroga:

Por medio de este blog quiero extenderle toda mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a familiares y amigos de las víctimas que ha dejado la violencia electoral impulsada por cobardes bandidos. Solicito a las autoridades que esclarezcan los hechos con la mayor rapidez y que a estos criminales les caiga todo el peso de la ley.