Durante toda la semana vivimos un ambiente de discusión y debate sobre el futuro de la JEP. En la conversación pública encontramos diferentes opiniones entre la ciudadanía colombiana. Lo cierto es que hoy en el país no existe un ambiente de unidad para derogar la tan cuestionada Justicia Especial para la Paz, aun cuando ésta ha hecho todos los intentos por autodestruirse.

Cada vez es más grande la mancha sobre esta institución, de la que hemos conocido en los últimos días nuevos detalles, como por ejemplo, la contratación de decenas de fiscales sin experiencia penal, o la contratación de abogados defensores de miembros de las FARC como asesores jurídicos de la JEP. Esto en mi opinión es una acción más para lograr la impunidad de los jefes guerrilleros mientras sus víctimas siguen sin justicia, verdad ni reparación y sobre todo, sin tener garantías claras sobre la no repetición.

Pero empecemos por lo primero. La justicia especial para la paz no era necesaria como una nueva institución. En un país donde existen cuatro cortes, lo más sensato hubiese sido abrir una sala especial dentro de la Corte Suprema de justicia para llevar los casos relacionados con el conflicto. Con esto hubiésemos evitado este cartel de contratación que se ha dado en una institución totalmente politizada, donde el punto común de los escándalos ha sido el beneficio para los criminales.

Esta institución que tanto ha costado a los colombianos, hoy se encuentra lejos de dar a los ciudadanos resultados de justicia, pero sobre todo, está lejos de evitar que no se repitan los hechos cometidos durante el conflicto. Por ello es pertinente también preguntarnos: ¿Porqué no se ha escuchado a las mujeres violadas por los jefes guerrilleros? ¿Son acaso las voces de organizaciones como Rosa Blanca irrelevantes para la JEP? ¿Por qué  no se han brindado las mismas condiciones en los juicios de militares realizados por la JEP? Son miles las preguntas que nos podemos hacer y no encontraremos otra respuesta diferente al silencio, pues simplemente para las FARC, estos temas no son de su interés.

Hoy el Presidente Duque tiene la posibilidad histórica de objetar parcialmente la ley orgánica de la JEP y con esto buscar remediar el camino de esta institución. Para lograrlo es fundamental hacer cuatro reformas de fondo además de recortar su gasto y hacer una purga de funcionarios que no cumplan con los perfiles indicados para participar en las investigaciones y juzgamientos.

La primera reforma es generar claridad sobre la extradición, donde se marquen bien los tiempos y procesos requeridos para llevar a cabo la misma, dejando de manera clara y específica cuales delitos pueden ser causal de extradición. La JEP debe respetar la soberanía y autonomía de la justicia de otros Estados, razón por la cual su labor se debe limitar a esclarecer el tiempo del delito, sin necesidad de exigir al país solicitante pruebas que únicamente buscan una dilación de tiempo.

La segunda reforma indispensable es que no existan penas alternativas para delitos donde las victimas hayan sido menores de edad, incluyendo el reclutamiento forzado y el acceso carnal violento. No podemos permitir que criminales que hayan violado niños y alejado jóvenes de sus familias, cometiendo delitos que no tienen ninguna justificación política ni jurídica, puedan salir caminando libres hacia la libertad, mientras familias enteras siguen sufriendo los traumas causados por estos criminales.

La tercera debe ajustar la temporalidad de los delitos, la JEP debe únicamente tener injerencia sobre crímenes cometidos antes de la firma del acuerdo con las FARC, bajo ningún motivo debe inmiscuirse en delitos continuados o cometidos después del conflicto, como lastimosamente ha venido sucediendo.

Por último y no menos importante, se debe generar un trato diferenciado a nuestra fuerza pública, la cual no debe verse equiparada a terroristas, violadores de niños y mucho menos narcotraficantes. Debemos propender por un trato justo para nuestros policías y militares, con juzgamientos objetivos y por fuera de la lupa politizada a la que buscan someter a nuestros héroes.

Todos los colombianos debemos Pararle-Bolas al futuro de la JEP, y exigir que esta institución no se convierta en un símbolo de impunidad y protección al terrorismo. Presidente Duque, en sus manos está la oportunidad de recomponer el camino de la justicia en Colombia y mostrarle a los colombianos que el que la hace la paga.