Pocas instituciones en Cali han sido tan observadas, criticadas y cuestionadas como Metro Cali. Desde su nacimiento, con la intención de articular un sistema de transporte moderno, eficiente y metropolitano, ha enfrentado múltiples obstáculos en su implementación. La operación incompleta, los contratos fallidos, el deterioro del servicio y las dificultades de cobertura han generado entre los caleños una mezcla de inconformidad, escepticismo y frustración. Sin embargo, más allá de sus fallas, Metro Cali sigue siendo una institución clave para el futuro de la ciudad, y su recuperación es un imperativo urbano, social y político.

Por eso, cuando se adjudicó el contrato para construir el Tramo III de la Troncal Oriental del MIO y surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades, era comprensible que se encendieran las alarmas. La Personería, la Contraloría y el Concejo actuaron como corresponde en una democracia: preguntar, advertir y exigir explicaciones. Pero fue Metro Cali quien tomó la iniciativa de revisar, lideró la suspensión y se mostró abierta desde el inicio a escuchar y responder con rigor.

No firmó el contrato de inmediato. Suspendió el proceso, solicitó aclaraciones y dejó claro que respetará lo que digan los órganos de control. Eso, en una ciudad con antecedentes de decisiones apresuradas o mal fundamentadas, marca una diferencia que debe destacarse.

No se trata de negar que puedan surgir alertas. Pero tampoco se puede reducir todo a escándalo. Porque a veces, detrás de una ¨crisis¨, hay instituciones que están actuando con responsabilidad, transparencia y sentido de ciudad.

Durante años, Metro Cali operó con inmensas dificultades en su modelo inicial. Diseñado para ser autosostenible, enfrentó problemas de cobertura y acumuló déficits operativos. A eso se sumaron daños por vandalismo, demandas de operadores, y un desgaste institucional difícil de revertir. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay señales claras de que ese modelo se está repensando.

La actual administración ha comenzado a hablar de integración de modos, de renovación tecnológica, de buses eléctricos y de mejoras en conectividad barrial. Aunque nada de eso ocurre de un día para otro, son pasos en la dirección correcta. Pero transformar requiere algo más que voluntad: requiere decisiones difíciles, como esta.

Suspender un contrato no es claudicar. Es actuar con responsabilidad. Es decirle a la ciudad: no avanzaremos hasta que haya claridad absoluta. Es reconocer que en Cali ya no hay margen para repetir errores ni pasar por alto advertencias. En un sistema tan golpeado por la desconfianza, esa decisión tiene peso y merece nuestro respeto.

El juicio público suele ser inmediato. Pero la legitimidad institucional se construye con coherencia, no con impulsos. Si la investigación confirma que el proceso fue legal, debe ratificarse. Si no, debe corregirse. Pero lo que no puede hacerse es cancelar por presión o firmar sin certezas. Lo correcto no siempre es lo más cómodo.

Defender a Metro Cali no significa justificar errores. Significa reconocer que, a pesar de los desafíos estructurales heredados, sigue siendo esencial y puede transformarse. Y que decisiones como la de suspender el contrato para revisar, lejos de ser una señal de debilidad, es una muestra de liderazgo y compromiso con lo público.

Cali necesita obras, sí. Pero más aún, necesita instituciones que actúen con rigor, transparencia y sentido de ciudad. Si esta nueva dificultad se maneja con la característica seriedad, se convertirá en un hito que demuestra que se pueden hacer las cosas bien. Y eso, en la historia reciente de Metro Cali, sería realmente un cambio.