La constitución de 1991 promulgó en Colombia el Estado social de derecho, así mismo reconoció nuestra nación como pluriétnica y multicultural, otorgando un número de derechos a las minorías en Colombia, las comunidades indígenas, afro y ROM. Un hecho a todas luces positivo, incluyente y digno de una democracia.

Sin embargo, con el pasar de los años, hemos empezado a ver como en ciertos lugares de nuestro país, algunos miembros de estas comunidades han encontrado en sus derechos diferenciales la oportunidad para eludir la jurisdicción ordinaria que nos cobija a todos los connacionales. Particularmente es una situación que ha ido escalando en el departamento del Cauca, una región que se ha visto fuertemente afectada por los fenómenos de violencia y las economías ilícitas; como el narcotráfico, la minería ilegal, entre otras.

Los impedimentos jurídicos para llevar a cabo labores de erradicación de cultivos ilícitos en resguardos indígenas se ha convertido en un vacío que múltiples actores ilegales han sabido aprovechar para aumentar sus cosechas en estos territorios. Se estima que el 47% de los cultivos de coca se encuentran en parques naturales o resguardos indígenas. De ellos, el 65% de los mismos se concentran 8 municipios del país, pero particularmente todo se encuentra focalizado en dos municipios al occidente del Cauca; Argelia y el Tambo.

El aumento de los cultivos ilícitos sumados al rechazo a la fuerza pública, y a la incapacidad de la guardia indígena de ejercer un control real en el territorio con autoridad, han creado un caldo de cultivo ideal para los grupos al margen de la ley y para las rentas ilegales. Lo cierto es que esta región se nos ha convertido en un territorio sin dios ni ley. Toca que el Estado Colombiano le ponga especial atención.

Lo relatado aquí, no es un panorama nuevo, por el contrario, las dificultades de seguridad del Cauca y los actos delictivos escudados en motivos étnicos se dan desde la década de los 80.  Ahhh, que los disfrazan  de reivindicaciones, es otro cuento. Veamos: bloqueos de vías, siembra de cultivos ilícitos, quemas y ataques a los aparatos productivos agroindustriales, secuestros a la fuerza pública y en los últimos días hasta asesinatos. Es imposible desconocer que han aprovechado la cuarentena para escalar la violencia en el Cauca, lo que no ha cambiado, es que se siguen escudando bajo la máscara de los derechos ancestrales para legitimar las vías de hecho, la violencia y la criminalidad.

El pasado 1 de mayo 31 soldados fueron secuestrados por la comunidad indígena en el municipio de Caloto, cuando los uniformados atendían una denuncia por robo de ganado. El 26 de abril en otra finca del mismo municipio, se reportó el asesinato del administrador de una hacienda en disturbios con los indígenas. En hechos relacionados se dio la “retención” de 7 policías. Secuestros de este tipo se han repetido en los últimos años recordemos: 3 soldados “retenidos” en Santander de Quilichao en 2019, 60 soldados en Argelia en 2018, 36 soldados en Argelia en 2015, entre otras violaciones a los derechos de nuestra fuerza pública, siendo un flagrante irrespeto por el estado de derecho y a la autoridad.

La realidad es que los colombianos debemos Pararle-Bolas a la situación del Cauca, e impedir que este departamento se convierta en una república independiente gobernada por la criminalidad. Es momento de elevar la discusión y dar las herramientas a nuestra fuerza pública para cumplir con sus tareas constitucionales. Si realmente queremos proteger a nuestros indígenas y minorías, debemos respaldar institucionalmente a la autoridad para que pueda atacar las economías ilegales que aprovechan los territorios “protegidos”, para delinquir.

Es momento de demostrar que los verdaderos enemigos de los indígenas del Cauca son los grupos armados al margen de la ley que usufructúan las rentas ilegales. El enemigo son los criminales, no nuestros soldados, policías y empresarios.