Colombia enfrenta una crisis en su sistema de salud. En medio de la escasez de medicamentos, comienzan a surgir voces que señalan al sector privado como el responsable: que los medicamentos se esconden deliberadamente para provocar la ira ciudadana, generar caos y responsabilizar al gobierno.

Esa narrativa no es nueva. Ya fue utilizada en América Latina, con consecuencias desastrosas. Hugo Chávez en Venezuela construyó poder culpando al empresariado de “acaparar” productos esenciales. Lo que comenzó como un discurso terminó en persecución, expropiaciones y desabastecimiento real.

Hoy ese libreto reaparece en Colombia, con otros actores pero con el mismo propósito: distraer la atención de las fallas del Estado y buscar enemigos funcionales. Esta columna no niega que existan problemas. Pero sí advierte sobre el peligro de usar la mentira como estrategia política.

En tiempos de dificultad, algunos prefieren señalar culpables antes que asumir responsabilidades. Y en el caso del sistema de salud, el enemigo conveniente parece ser el sector privado. Aparecen acusaciones sin pruebas: que EPS, farmacéuticas o distribuidores esconden medicamentos. Se sugiere que hay una conspiración para hacer quedar mal al gobierno.

Este tipo de narrativas no se construyen sobre datos, sino sobre emociones. Apelan al dolor legítimo de los pacientes para instalar una versión distorsionada de la realidad. Generan desconfianza, alimentan la polarización y justifican posibles medidas de control o persecución. Y ahí es donde el discurso deja de ser retórico para convertirse en una amenaza institucional.

A comienzos de los 2000, Venezuela vivía tensiones sociales y económicas. En lugar de corregir el rumbo, el gobierno de Hugo Chávez optó por culpar al sector privado. Nació así la figura del “acaparador”: empresarios que, según el régimen, escondían productos para desestabilizar al país.

Ese relato se convirtió en política pública. En 2011 se promulgó la Ley de Precios Justos, que permitió al Estado confiscar bienes, cerrar empresas y encarcelar personas por sospecha de acaparamiento. Muchos fueron señalados, pocos tuvieron derecho a defensa.

El resultado fue devastador: cierre de negocios, fuga de inversión, desabastecimiento masivo y una de las crisis humanitarias más profundas de la región. El relato sirvió para consolidar poder, pero destruyó el aparato productivo del país.

Hoy en Colombia algunas voces comienzan a instalar ese mismo mensaje. Que si no hay medicamentos, es porque alguien los esconde. Que si hay caos, es porque alguien lo provocó. No se presentan pruebas, solo se repite el guion. Se señala al sector privado no como parte de la solución, sino como parte del problema.

Este tipo de narrativa desinforma y, lo que es peor, puede derivar en decisiones graves. Una vez que se instala la idea de que alguien actúa de mala fe, cualquier medida se justifica: desde regulaciones abusivas hasta intervenciones forzadas.

Nuestro sistema de salud tiene muchos desafíos. Pero no se solucionan con discursos conspirativos. Se resuelven con coordinación, responsabilidad y verdad. Colombia ha construido, con esfuerzo, un sistema mixto que ha permitido avances importantes en cobertura y atención. Mejorable, sí. Pero funcional. Demonizar al sector privado solo debilita ese equilibrio.

Las acusaciones sin fundamento generan ruido, paralizan esfuerzos y desincentivan a quienes, desde lo privado, prestan servicios esenciales. La democracia no se fortalece instalando enemigos imaginarios. Se fortalece con verdad, respeto institucional y políticas basadas en evidencia, no en relatos emocionales.

El fantasma del acaparamiento ha vuelto a aparecer. Pero no es más que un viejo truco, usado una y otra vez para culpar a otros de los errores del poder. No podemos permitir que se repita la historia de Venezuela. Que no nos vendan como nuevo un modelo fracasado.

El sector privado no es el enemigo. El verdadero riesgo es que la mentira se convierta en política de Estado.