Esta semana la Corte Constitucional estableció que quienes cometieron delitos sexuales contra menores dentro del marco del conflicto armado, pueden gozar de penas alternativas y ser juzgados por la JEP. Ante esto Juan Lozano escribió un trino con el cual estoy absolutamente de acuerdo. “Violar un niño, violar una niña es un acto atroz, salvaje, que nada tiene que ver con la lucha revolucionaria.”

Lo cierto es que estamos en un Estado de derecho con independencia de poderes y respetamos las decisiones tomadas por la Corte, pero esto no implica que la compartamos. Es más, no solo no la compartimos si no que todavía no lo puedo creer. Es un absurdo.

La constitución colombiana en su artículo 44 establece entre otros derechos de los niños: “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.” El artículo finaliza estableciendo lo siguiente: “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”

El mandato de la Constitución no podría ser más claro, a los niños los debemos proteger y sus derechos priman sobre los demás. Existe un interés superior del menor y la Corte lo desconoce. Parece que para la Corte prevalece los derechos de las FARC que la protección de nuestros niños. Los derechos de los victimarios sobre los de las víctimas.

Para que se hagan una idea y hagamos un pequeño recorderis, aunque no existan al día de hoy cifras exactas de los delitos sexuales cometidos por las FARC, hay quienes hablan de más de 1.236 niñas abusadas sexualmente. Lo que sí se sabe, es que casi 17.000 menores fueron reclutados forzosamente por las FARC entre 1960 y 2016.

Duele conocer que los que cometieron delitos sexuales contra menores no sean juzgados por la justicia ordinaria, sino por la JEP. Yo vuelvo y pregunto: ¿qué tienen que ver los delitos sexuales y la supuesta “resistencia campesina” que a boca llena hoy ondean los senadores de las FARC? Esto no huele bien y seguro lo que buscan es que los violadores queden impunes y que algunos de ellos se puedan quedar en el Congreso. Después nos preguntamos y nos sorprendemos al ver los niveles de desprestigio y falta de credibilidad que tienen nuestras instituciones. Entre los escándalos del “Cartel de la Toga” y este tipo de fallos, nos ponen a preguntarnos como lo hacía el Chapulín Colorado… ¿Y ahora quién podrá defendernos?”

Lo cierto es que el pueblo colombiano no debe dejar de preguntarse: ¿Y de los niños qué? Debemos cumplir el mandato constitucional , ético y moral de defenderlos y protegerlos. Por ello acompañamos la voluntad del gobierno Duque para radicar el proyecto de ley que busca la cadena perpetua para violadores de niños. Es hora de actuar unidos por la defensa y protección de la niñez colombiana sin importar la filiación política. Parémosle-Bolas, protegiendo los derechos de los niños estaremos salvaguardando el futuro, nuestro porvenir como nación y cultivaremos una paz más sólida, equilibrada y justa para las víctimas y no para los victimarios.